Defensa de Julio Iglesias pide que España archive denuncia por presuntos delitos sexuales

Defensa de Julio Iglesias pide a la justicia española archivar la denuncia en contra del artista. (Foto: RRSS)

El abogado del cantante argumenta “falta de jurisdicción” y solicita el cierre inmediato de la investigación abierta tras la denuncia de dos exempleadas.

La defensa del cantante español Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive la denuncia presentada en su contra por dos de sus exempleadas, quienes lo acusan de presuntos delitos sexuales y trata de personas. El pedido se basa en la supuesta falta de jurisdicción de la justicia española para conocer los hechos denunciados.

Mediante su abogado, el artista pidió el cierre inmediato de las diligencias de investigación preprocesal iniciadas en España. El letrado argumentó que los presuntos delitos habrían ocurrido fuera del territorio español y, por tanto, deben investigarse en los países donde supuestamente se produjeron.

Julio Iglesias, considerado una de las mayores figuras de la música en español, negó de forma categórica las acusaciones.

“Son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad”, expresó el cantante.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, la defensa solicitó que se declare “sin más trámite” la falta de jurisdicción española y que se archive la causa, además de frenar lo que calificó como una “campaña mediática” que estaría causando un grave daño reputacional al cantante, de 82 años.

Las denunciantes, que no son de nacionalidad española ni residen habitualmente en España, presentaron la denuncia el pasado 5 de enero. Según su testimonio, habrían sido víctimas de presunto acoso sexual y abuso de poder por parte del artista, quien, de acuerdo con su versión, se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de empleadas jóvenes.

La defensa insistió en que solo en caso de que no fuera posible investigar los hechos en los países donde presuntamente ocurrieron, podrían ser eventualmente perseguidos en España.

“No cabe que la Fiscalía española se convierta en un fiscal universal ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la jurisdicción que le resulte más conveniente”, sostuvo el abogado.

Por su parte, organizaciones como Women’s Link y Amnistía Internacional, que respaldan a las denunciantes, señalaron que la denuncia se presentó en España porque su legislación puede resultar más favorable en este tipo de casos. Las asociaciones indicaron además que las dos mujeres deberán declarar próximamente ante la justicia española, que les concedió el estatus de testigos protegidos. (BV)

FUENTE: Ecuavisa.com