La Fiscalía española pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares para la cantante colombiana, Shakira, acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014. La cantante ahora dispone ahora de diez días para presentar su escrito de defensa.
Por ello, una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada por seis delitos contra el Fisco en la Audiencia de Barcelona, donde residió cuando era pareja de Gerard Piqué.
La intérprete de ‘Te Felicito’ pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía - más otros tres millones de euros en intereses -, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.
En mayo, la Audiencia de Barcelona avaló enviar a la cantante a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre 2012 y 2014. Según el ministerio público, residía en una vivienda de una localidad cercana que compró con su expareja.
Esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, excepto la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
Sin embargo, la acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
¿Cómo evitó pagar impuestos?
Para evitar pagar esos impuestos, según el Ministerio Público, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante era que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante acordó con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, para “fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación”, mantiene el Ministerio Público español.
Esos acuerdos dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
Fuente: Metro Ecuador