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  • Patty Calle

Human Rights Watch advierte ‘violaciones de derechos humanos’ durante el conflicto armado interno

Ecuador ha sido escenario de “abusos” en el contexto del ‘conflicto armado interno’, una “decisión infundada” decretada hace más de cuatro meses. Así lo ha señalado Human Rights Watch (HRW) este miércoles 22 de mayo del 2024, al hacer pública una carta dirigida al presidente Daniel Noboa.



HRW dijo que ha documentado múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad desde el anuncio del conflicto armado interno. Supuestamente se habrían perpetrado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión y hasta tortura.


«Muchas personas detenidas en el país, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Aunque la Policía y el Ejército están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que llevan a cabo», señala la carta de HRW.


«Personas habrían sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal y habrían sido sometidas a represalias, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y policías», añadió la organización.


Además, dijo que los militares, que realizan intervenciones en las cárceles, «han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica«.


La organización de derechos humanos también critica la falta de medidas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y para exigir una rendición de cuentas.


«Nos preocupa que las autoridades ecuatorianas parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir las violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Por el contrario, el 9 de enero del 2024, los miembros de la Asamblea Nacional señalaron estar dispuestos a aprobar una amnistía o indulto ‘en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea’ de la Policía y el Ejército», señaló Human Rights Watch.


HRW destacó que desde el anuncio del conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, ha monitoreado las políticas de seguridad adoptadas por el actual Gobierno.


La organización ha solicitado información a diversas entidades gubernamentales, entrevistado a víctimas y testigos, y revisado documentos judiciales para evaluar la efectividad de estas políticas y documentar posibles abusos.


Cuestionamientos a la declaratoria de conflicto armado interno

En enero del 2024, Noboa declaró un conflicto armado interno contra 22 grupos del crimen organizado, calificándolos de ‘terroristas‘ y ordenando a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario.


En la carta se menciona que existe preocupación por «el recrudecimiento de la violencia en el país y los incidentes ocurridos los días 8 y 9 de enero, incluyendo la toma del canal estatal TC Televisión y la fuga de prisión de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros».


Sin embargo, HRW cuestiona la declaración de conflicto armado interno, argumentando que no cumple con los criterios establecidos por el derecho internacional. Además dijo que el Gobierno no ha presentado evidencias suficientes para justificar la existencia de un conflicto armado.


«Hemos concluido que su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada», señaló el organismo internacional.


Eficacia de las medidas de seguridad adoptadas

HRW reconoció una disminución del 27% en el número de homicidios hasta abril de 2024, pero alertó sobre el aumento de extorsiones y secuestros.


La organización subraya la necesidad de fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano para asegurar políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos.


En la carta se menciona que de las 9.000 detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía General habría recibido solo 494 noticias del delito. «Aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos, así como por la falta de una investigación eficaz».


HRW recomienda al Gobierno de Ecuador:


  • Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.

  • Aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero y entrenamiento para garantizar los derechos humanos durante estas investigaciones.

  • Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.

  • Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero con el fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada, incluyendo a sus aliados en posiciones de poder.

  • Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril de 2024.

  • Restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el poder judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.



Tras documentar violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno, y para evitar nuevas vulneraciones, HRW insta a Daniel Noboa a:


  • Revisar su decisión de aplicar las normas de enfrentamiento del derecho internacional humanitario, en virtud de la decisión de la Corte Constitucional y el derecho internacional.

  • Limitar el papel de las Fuerzas Armadas a circunstancias en las que su uso sea estrictamente necesario. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe “ser extraordinaria”, “subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles”, “regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza” y “fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”.[21]

  • Fortalecer los mecanismos disciplinarios de prevención y rendición de cuentas tanto de Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, asegurando un seguimiento y evaluación constante de las denuncias recibidas por autoridades civiles, organizaciones de la sociedad civil y otros, y garantizar investigaciones penales efectivas.

  • Condenar públicamente violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que han sido reportadas, y dejar claro que no se tolerarán estos casos y que las fuerzas de seguridad están obligadas a colaborar plenamente con los fiscales en las investigaciones sobre abusos.

  • Poner fin al control militar sobre las prisiones y comprometerse a llevar a cabo una reforma del sistema penitenciario que aborde problemas de larga data como el hacinamiento, retrasos en la tramitación de beneficios penitenciarios, acceso limitado a servicios básicos, falta de un programa serio de rehabilitación social y el reducido número y la inadecuada capacitación de los guías penitenciarios, entre otros.

  • Poner fin a la detención en régimen de incomunicación y garantizar que los detenidos puedan comunicarse y recibir visitas de sus familiares y abogados y se les garantice acceso a atención en salud y a otros servicios básicos.

  • Instruir a los militares y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que garanticen que los detenidos sean llevados a los tribunales siempre que su comparecencia sea requerida por un juez, tal y como lo exige la legislación ecuatoriana.


«Seguimos con preocupación los altos niveles de violencia en el país y reiteramos nuestra disposición a reunirnos para discutir nuestros hallazgos y recomendaciones de manera constructiva», señala al final de la carta de Human Rights Watch.



Fuente: Teleamazonas

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