Plataforma Temu va a investigación por posible venta de productos ilegales

La Comisión Europea inició una investigación formal sobre Temu para verificar su cumplimiento con la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión Europea decidió este jueves 31 de octubre de 2024 abrir una investigación formal al gigante chino Temu. El objetivo es evaluar si la plataforma infringe la Ley europea de Servicios Digitales (DSA) sobre la venta de productos ilegales y sobre el diseño potencialmente adictivo del servicio.

La investigación también abarca a los sistemas utilizados por Temu para recomendar compras a los usuarios. Así como el acceso a los datos por parte de los investigadores a quienes la plataforma debe permitir estudiar cómo funcionan sus algoritmos.

Las ventas de Temu están en la mira

Es decir, se investigarán los sistemas que Temu tiene implantados para limitar la venta de productos “no conformes en la Unión Europea”.

Entre ellos, el portavoz de Mercado Interior de la Comisión Europea, Thomas Regnier, citó la venta de fármacos, productos químicos y juguetes. Si bien precisó que “lo importante es que no estamos mirando a un tipo específico de producto”, sino las medidas que Temu pone en práctica para evitarlos.

Entre otras cosas, la DSA exige sistemas diseñados para limitar la reaparición de comerciantes deshonestos. Es decir, quienes hayan sido suspendidos anteriormente o que se sepa que han vendido productos no conformes en el pasado.

El Ejecutivo comunitario también quiere examinar en detalle “los riesgos relacionados con el diseño adictivo del servicio, incluidos los programas de recompensas similares a juegos. Así como los sistemas que Temu implementa para mitigar los riesgos derivados de dicho diseño adictivo. Esto podría tener consecuencias negativas para el bienestar físico y mental de una persona”.

Cumplimiento de la ley

Bruselas también pasará bajo su lupa el cumplimiento de las obligaciones de la DSA relacionadas con la forma en que Temu recomienda contenido y productos a los usuarios.

Esto incluye el requisito de divulgar los principales parámetros utilizados en los sistemas de recomendación de Temu. Así como proporcionar a los usuarios al menos una opción de fácil acceso que no se base en la elaboración de perfiles.

Otro aspecto incluido en las pesquisas es el cumplimiento de la obligación de la DSA de dar a los investigadores acceso a los datos públicos de Temu.

Si se confirmase que las actividades de Temu no son conformes a la DSA, la plataforma china estaría infringiendo cinco artículos de la legislación europea (27, 34, 35, 38 y 40).

Regulaciones para plataformas de internet

Las plataformas de internet con más de 45 millones de usuarios en Europa deben tomar medidas para detener la difusión de desinformación y contenidos ilegales. Aquí se incluye la venta de productos que no cumplan con las regulaciones comunitarias. De infringirlas se arriesgan a recibir multas de hasta el 6 % de sus ingresos anuales globales, en virtud de la DSA.

En su última declaración de septiembre, Temu dijo que tiene 92 millones de usuarios mensuales.

La decisión de iniciar una “investigación exhaustiva con carácter prioritario” a Temu se produce tras los análisis preliminares del informe de evaluación de riesgos facilitado por la plataforma china a finales de septiembre pasado.

Para abrir esta investigación, Bruselas también tuvo en cuenta las respuestas a las solicitudes formales de información a Temu del 28 de junio y 11 de octubre pasados. Así como la información compartida por terceros.

Asimismo, la Comisión también se basó en la información compartida con las autoridades nacionales en el marco de la Junta Europea de Coordinadores de Servicios Digitales. En particular con el Coordinador de Servicios Digitales irlandés, precisó Bruselas.

A partir de ahora, la Comisión Europea seguirá reuniendo pruebas. Por ejemplo, enviando solicitudes adicionales de información a Temu o a terceros o realizando acciones de seguimiento o entrevistas.

La DSA, que faculta a la Comisión a adoptar medidas coercitivas adicionales, no establece ningún plazo legal para poner fin a una investigación exhaustiva. Esta depende de la complejidad del caso, el grado de cooperación de la empresa en cuestión con la Comisión y el ejercicio de los derechos de defensa.

FUENTE: ElComercio.com