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Tres cambios sustanciales en las reformas al reglamento Ley Orgánica de Educación Superior


La eliminación del test Transformar por parte del presidente Guillermo Lasso opacó el nuevo reglamento de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que entraron en vigencia en Ecuador desde la semana pasada.


Si bien la supresión de la prueba (a partir del primer periodo académico de 2023) fue de trascendencia mediática porque atañe a los jóvenes aspirantes a ingresar a las universidades e institutos públicos, las reformas a la LOES también están compuestas por otros dos puntos importantes.


Además de la eliminación del Transformar, según Juan Pablo Martínez, coordinador de la Senescyt de la zona 6, en las reformas constan la agilidad en los procesos para crear nuevas carreras y el uso de recursos económicos auto gestionados por las universidades públicas para actividades y proyectos propuestos por los propios administradores de esos espacios.


En el caso de la creación de nuevas carreras, con las reformas, en un máximo de 90 días se las debe aprobar por parte de la Senescyt, el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).


Martínez explicó a diario El Mercurio que se eliminaron algunos pasos en las solicitudes de creación de nuevas carreras para agilitar las aprobaciones.


Mientras que, en el caso del uso de los recursos económicos obtenidos por las propias universidades, ya sea, por ejemplo, a través de sus empresas públicas o la oferta de maestrías, ahora ya no solo se podrán usar en infraestructura, sino se ampliará a lo que crean conveniente las administraciones de las instituciones.


¿Son convenientes los cambios?

Para Ingrid Bonilla, consultora senior en formación dual, que se agilite la aprobación de nuevas carreras es positivo.


En su experiencia, a ella, junto a la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional, les tomó un año de trabajo intenso que la carrera de tecnología superior en asesoría financiera, que oferta el Instituto del Azuay desde el 2019, sea aprobada.

“Yo recuerdo que, antes de arrancar esta carrera, tomaba aproximadamente de tres a cinco años todo el proceso de aprobación, lo cual estaba ya hasta desactualizado y había que volver a empezar”, dijo Bonilla a diario El Mercurio.


Bonilla, no obstante, agregó que junto a la agilidad en proceso de aprobación de nuevas carreras debe regirse también la calidad de lo que se está proponiendo.


En cuanto al uso de los recursos económicos obtenidos por las propias universidades en sus necesidades puntuales, para Pablo Vanegas, ex rector de la Universidad de Cuenca, y actual vicerrector de investigación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, aquello ha sido un pedido constante por parte de las instituciones de educación superior.


Hasta ahora, el dinero generado por las universidades públicas terminaba en el Ministerio de Finanzas y difícilmente se podía contar con él.


“En estos días se ha dado a conocer que las universidades van a poder usar sus recursos de manera ágil, esperamos que eso se concrete. Se han dado pasos de manera muy lenta, pero esperamos que eso se concrete porque hay universidades que sí pueden generar recursos”, dijo Vanegas.


El vicerrector también se refirió a la creación de nuevas carreras. Para él, si bien es importante contar con una oferta académica relacionada

con las necesidades laborales actuales, se debe considerar que, la creación de una carrera debe estar acompaña de un presupuesto que la ayude a sostenerse con el tiempo.


Caso contrario, la carrera será una carga que las universidades públicas no podrán mantenerlas porque no cuentan con los recursos requeridos para ello.



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